La compra de material sanitario contra el coronavirus, desde mascarillas y batas hasta los famosos test rápidos defectuosos, ha llevado de cabeza al Gobierno. El departamento de Salvador Illa vetó la adquisición de mascarillas por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de sanidad y, por tanto, provén a los hospitales, durante dos semanas en las que tampoco hizo la gran compra que prometió.
Illa rectificó el 17 de marzo, cuando Sanidad todavía no había hecho la gran compra anunciada y los centros sanitarios urgían de material de protección ante la pandemia que ya había entrado en España. La falta del mismo ha provocado que este país tenga la tasa más alta de profesionales sanitarios contagiados; aproximadamente, un 18% del total.
El mismo 2 de marzo, los mensajes que lanzaba el Gobierno eran de traquilidad y de normalidad. Permitió eventos multitudinarios esa misma semana, como la manifestación del 8M y el acto de Vox en Vistalegre. Y hasta casi dos semanas después no ordenó el confinamiento de la población, aunque tampoco paró los transportes ni obligó a cerrar a las empresas más allá del comercio no esencial.