Posiciones encontradas entre el ICO y la banca. Mientras la mayoría de las grandes entidades del país piden liberar un tercer tramo de avales porque ya han cubierto la cuota que le correspondía de las dos primeras líneas para financiar a empresas, pymes y autónomos, el ICO señala que solo le han llegado operaciones por el 46% de los fondos liberados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo ayer latente el desencuentro al urgir a las entidades financieras que hicieran llegar cuanto antes el dinero a las pymes y autónomos tras asegurar que está “al tanto” de las quejas de éstos contras las entidades financieras. Paradójicamente, apenas horas antes, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, instaba al ejecutivo a liberar más fondos porque ya estaba todo concedido. A él, se unía esta mañana el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, que aseguró que la entidad ya había cubierto su cuota y pedía liberar un tercer tramo. Cabe tener en cuenta que el principal accionista de Bankia es el Estado, con casi el 70% del capital.
Mientras que las entidades defienden que en esta guerra no hay solo un culpable ni un único motivo, fuentes cercanas al ICO, por el contrario, sí apuntan a que el cuello de botella no se produce por su parte. El instituto de crédito tiene todo el proceso automatizado y para que les lleguen las solicitudes los bancos deben entrar al sistema del ICO e incluir la documentación del clientes, concretamente tres ficheros. A partir de ahí, aseguran, no hay fase de aprobación porque está todo automatizado. De hecho, una de las características en la concesión de estos avales era que la entidad pública iba a aprobar de forma automática las operaciones menores de 50 millones de euros para agilizar la llegada de fondos, que auditoría a posteriori. Un extremo que, en la actualidad, desmienten rotundamente varias de las entidades. “El ICO está mirando las operaciones una por una”, aseguran.
Así, que de una lado, el instituto de crédito apunta a que son las entidades quienes no están subiendo de forma ágil todas las solicitudes que tienen, y de otro, los bancos señalan todo lo contrario, que ya han remitido tramitaciones suficientes al ICO como para cubrir los dos tramos y se están retrasando las aprobaciones. No obstante, las mismas entidades defiende que no todos los bancos tienen los mismos medios y capacidades para realizar estos trámite y que, incluso, en un primer momento, hubo entidades que tuvieron que rehacer procesos porque estaban mal hechos.
Por otro lado, aunque Sánchez instó ayer a los bancos a acelerar los procesos para poder hacer llegar cuanto antes el dinero a las empresas que lo necesitan, ya hay entidades que admiten que están adelantando de forma privada los fondos a las empresas, confiando en que después el ICO dé el visto bueno a la operación. De esta forma, también se garantizan así que no pierden la operación, ante la competencia que está habiendo entre entidades por robarse clientes para concederles avales.
Las líneas del ICO se han convertido ahora en el principal negocio de los bancos en un momento que la crisis sanitaria ha tumbado entre el 70 y 80% de la venta de hipotecas y créditos al consumo.
El Gobierno aprobó 100.000 millones de euros en avales para empresas, pymes y autónomos a liberar en varios tramos. De momento ya ha liberado dos. El primero de ellos de 20.000 millones, de los que se destinarían 10.000 millones a financiar a empresas de mayor tamaño y los otros 10.000 millones a pymes y autónomos. El segundo tramo, también de 20.000 millones, se liberó exclusivamente para pymes y autónomos, ante la mayor demanda.
Según los últimos datos del ICO, a 27 de abril, había recibido 190.000 operaciones (en todo 2019 recibió 50.000, como ejemplo del volumen de actividad). Estas operaciones correspondían a un volumen de dinero avalado de 18.767 millones de euros (es decir, aún no cubría el primer tramo de 20.000 millones), aunque la cuantía a financiar a pymes y autónomos era de 13.802 millones (superando los 10.000 millones que le correspondían de la primera línea), mientras que el importe solicitado por las grandes empresas apenas alcanzaba los 5.000 millones de euros, frente a los 10.000 millones que se habían puesto a disposición, siempre según datos del ICO.
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